Aclaraciones ante las informaciones publicadas

01
Feb
DCN explica en un comunicado las modificaciones contractuales históricas de la ‘operación Chamartín’
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  • Distrito Castellana Norte . Madrid Nuevo Norte .

antonio_bejar

Distrito Castellana Norte ha emitido este jueves un comunicado en el que quiere salir al paso de los contratos privados filtrados a la prensa y firmados históricamente por la promotora y el resto de las partes implicadas históricamente en la ‘operación Chamartín’ y a las opiniones vertidas en un medio en el que Adif o las Administraciones habrían salido presuntamente perjudicadas con las variaciones en las condiciones del contrato.

Aunque Adif ya ha aclarado en una nota pública que las conclusiones son erróneas y el resto de partes implicadas, el Gobierno, la Comunidad y el Ayuntamiento ya han reiterado su inequívoco apoyo al plan, DCN ha querido aclarar en un comunicado algunos aspectos como el hecho de que “la forma de pago pactada entre Adif y DCN ha pasado de un esquema en el que el operador ferroviario percibía un porcentaje de la rentabilidad final de la operación, al pago de un canon fijo, lo que no supone que el ente público esté renunciando a sus beneficios, sino que, al contrario, estos se están asegurando”.

El comunicado íntegro de Distrito Castellana Norte es el siguiente:

Ante las informaciones que se han publicado en los últimos días, basadas en la difusión de los documentos del contrato privado existente entre Adif y otras entidades ferroviarias y Distrito Castellana Norte (DCN), la Compañía quiere aclarar los siguientes aspectos:

Los documentos que establecen los derechos y obligaciones de DCN como adjudicataria del desarrollo urbanístico de los terrenos ferroviarios en desuso del norte de Madrid, de titularidad de Adif, para desarrollar la conocida como Operación Chamartín, hoy Madrid Nuevo Norte, se ajustan plenamente a la legalidad y no contienen irregularidad alguna.

Ninguna de las condiciones recogidas en estos documentos supone menoscabo alguno del patrimonio del Estado, ni busca beneficiar al promotor privado a costa del interés público.

La actualización de los derechos y obligaciones ha respondido únicamente al deseo de ambas partes de impulsar este proyecto estratégico para la ciudad de Madrid, resolviendo los problemas de aislamiento que crean las vías del tren en el norte de la ciudad, y mejorar el servicio ferroviario, con la renovación de la Estación de Chamartín, de conformidad con las bases del concurso público adjudicado a favor de DCN en 1993.

Todas estas actualizaciones han estado guiadas por la voluntad común de dotar a esta actuación del necesario equilibrio entre el interés público de la operación y la seguridad jurídica y la rentabilidad necesarias para afrontar con garantías la elevada inversión privada que este proyecto requiere, en cumplimiento estricto de la Ley del Suelo Estatal, que establece como condición legal indispensable que el planeamiento urbanístico constituya una opción económicamente rentable.

Estas modificaciones han contado siempre con los informes favorables de la Abogacía del Estado, respecto a los temas legales, y de la Intervención de Adif para los aspectos económicos-financieros. Según ha entendido la propia Abogacía del Estado, que se ha pronunciado en cada una de las renovaciones, éstas nunca han afectado a las condiciones esenciales del contrato original, por lo que no se ha considerado exigible la convocatoria de un nuevo concurso público.

Cabe recordar que el objeto del contrato, tal y como se concibió en el concurso público de 1993, estaba muy abierto, pues se refería a aprovechamientos urbanísticos futuros no concretados, por lo que la superficie, el precio y la forma de pago de los terrenos se han ido concretando desde entonces. Todas estas variables se ajustan plenamente al interés general de la actuación, a la realidad del mercado, a los plazos de ejecución del proyecto y a su complejidad técnica y jurídica.

La afirmación de que DCN está comprando patrimonio público a mitad de precio es infundada, pues se sustenta en un coste del metro cuadrado que no se ajusta a la realidad. Para su cálculo se ha partido de hipótesis equivocadas y que, por lo tanto, llegan a conclusiones erróneas, tal y como explicó el propio Adif en un comunicado publicado pasado el 27 de diciembre de 2018.

Estos cálculos no tienen en cuenta circunstancias esenciales con incidencia en la formación del precio de los terrenos a transmitir, tales como el volumen total de suelo, los dilatados plazos de ejecución del proyecto, las elevadas cargas de urbanización y los riesgos asociados a los múltiples y complejos procedimientos administrativos necesarios para la consolidación de los derechos edificatorios.

Tampoco es correcta la comparación del precio de estos terrenos ferroviarios que, como se ha indicado, requieren un largo y complejo proceso de tramitación urbanística, con el precio de transmisión de suelos finalistas, aptos para edificar inmediatamente.

Lejos de ser bajo, el precio se fijó en un momento del ciclo inmobiliario en el que los suelos tenían una valoración superior a la actual y dicho importe no se ha visto modificado posteriormente, ni tan siquiera en la última renovación del contrato, pese a la significativa reducción de la superficie de los terrenos transmitidos y de la edificabilidad total contemplados en la Modificación del Plan General.

La forma de pago pactada entre Adif y DCN ha pasado de un esquema en el que el operador ferroviario percibía un porcentaje de la rentabilidad final de la operación, al pago de un canon fijo, que se ha acordado en un plazo de 20 años. Esta fórmula no supone en absoluto que el ente público esté renunciando a sus beneficios, sino que, al contrario, estos se están asegurando.

Tras las experiencias fallidas de muchas de las Sociedades de Integración Ferroviaria con las que se han impulsado otros proyectos urbanísticos, se ha optado por esta fórmula para evitar que una empresa pública tenga que asumir los múltiples riesgos de la actividad de promoción inmobiliaria, que recaen únicamente en el operador privado.

Los cambios en la forma de pago no han supuesto pérdida económica alguna para Adif, como queda avalado por los diferentes Informes de Equivalencia de las Prestaciones emitidos por la Intervención del operador ferroviario.

Aclarados todos estos aspectos, DCN reitera su firme voluntad de seguir impulsando el proyecto de regeneración urbana del norte de Madrid, en cumplimiento de su compromiso con los ciudadanos de Madrid y con las instituciones públicas.